La prescripción: dos problemas relevantes

Una de las instituciones más importantes –y de las más estudiadas– en nuestro derecho es la prescripción. Se suele sostener que con ella adquirimos certeza jurídica y, quienes así lo señalan, tienen razón. Sin embargo, tal certeza se pierde al considerar que, con cierta desaprensión, nuestros tribunales suelen fallar de forma incompatible e inconsistente respecto al momento en que esta se interrumpe y, también, respecto al cómputo de su plazo (el dies a quo).

A la luz de esta cuestión surgen algunas interrogantes: ¿cuál es el hito que marca la interrupción de la prescripción? ¿La interposición de la demanda? ¿Su notificación? ¿La notificación de esta en un plazo razonable? Y, también, ¿desde qué momento se comienza a contabilizar el plazo de 5 años? ¿Desde el incumplimiento o desde la manifestación del daño?

La respuesta a dichas preguntas es depende. ¿De qué? Aunque resulte sorprendente, depende de la composición de la sala de la Corte Suprema. De este modo, un mismo caso con exactamente los mismos hechos pueden ser tratados de forma totalmente diversa, dependiendo de quienes integren la sala respectiva.

Desde luego esto no es correcto, y es uno de los problemas que deben ser superados. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este proyecto es sistematizar los fallos de la Corte Suprema a propósito de estos dos temas para dilucidar cuál debiera ser la mejor forma de congeniar los diversos criterios jurisprudenciales, dando cuenta de los distintos argumentos que se presentan por una u otra postura.

El proyecto es dirigido por Iñigo de la Maza, abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad Diego Portales, Master in the Sciences of Law, Universidad de Stanford, Doctor en Derecho Privado, Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales y Corresponsal del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) en Chile.

En juicio ejecutivo sobre cobro de pagaré, Rol N° 4443-2024, la Corte Suprema se pronunció al respecto de un recurso de casación en el fondo interpuesto por la ejecutada. En el tribunal de primera instancia (Tercer Juzgado Civil de Santiago) acogió parcialmente la excepción de prescripción alegada, la que posteriormente fue confirmada en el recurso de apelación por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La ejecutada sostiene en el recurso de casación en el fondo una transgresión a los artículos 2514 del Código Civil y 98, 100, 107 de la Ley N° 18.092. Argumenta que el plazo de prescripción inicia al momento en el que el acreedor manifiesta la voluntad de cobrar la totalidad del crédito en virtud de una cláusula de aceleración estipulada en el contrato. Por lo que el plazo de prescripción de un año debía ser contado desde el 5 de octubre de 2020, fecha en la que se produjo la mora por el no pago; sin embargo la interrupción de la prescripción solo podrá producirse con la notificación de la demanda, diligencia que fue verificada recién en mayo de 2022, por lo que el plazo de prescripción de un año ya había sido superado inmensamente.

Con respecto a los argumentos, la Corte Suprema acoge el recurso, entendiendo que la correcta aplicación del 2514 del Código Civil y 98, 100 y 107 de la Ley N°18.092, debió guiar a los jueces de primera y segunda instancia a confirmar la prescripción de la acción ejecutiva. Al tratarse de un pagaré el plazo de la acción es de un año desde la fecha en la que obligación se hace exigible en su totalidad, es decir, el 5 de octubre de 2020 y que la interrupción del plazo no requiere únicamente la presentación de la demanda sino que también la notificación. Por lo que desde el dies a quo hasta la notificación ya había superado extensivamente le plazo de un año; razones por las que la Corte determina que en las previas instancias se incurrió en un error de derecho al haber aceptado parcialmente la prescripción y no íntegramente.

Lee la sentencia completa acá: CS 4443-2024