“….Del hecho que aún no se prevea el deber constitucional del Estado de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos del consumidor ni el principio pro consumidor, como acontece en otras latitudes, o que el legislador no haya repudiado expresamente conductas atentatorias contra los derechos fundamentales aludidos ni haya regulado su tutela, no se sigue que ella no pueda reclamarse…”