Que la autonomía privada sea un principio general del derecho de contratos no determina, en ningún sentido, que el legislador no pueda establecer limitaciones, a veces incluso muy severas, pero cada vez que así se hace debiésemos exigir al legislador cumplir con la carga argumentativa de justificar su intromisión. Algo semejante sucede respecto de la tutela del consumidor…